I FORO DE ORGANIZACIONES SOCIALES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
BOGOTÁ, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009
DECLARACIÓN FINAL
Más de 40 organizaciones sociales campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, estudiantiles, ambientalistas y urbanas, reunidas en el I Foro de Organizaciones Sociales frente al Cambio Climático, realizado en la ciudad de Bogotá entre los días 28 y 29 de septiembre de 2009, después de compartir conocimientos, experiencias y alternativas de resistencia frente al cambio climático, sus falsas soluciones y el modelo económico que lo genera, reconocimos que el cambio climático en Colombia se expresa en el marco de la violación de los derechos humanos, culturales y ambientales, el desplazamiento forzado, la guerra por las fuentes naturales de vida, y la falta de soberanía alimentaria, afectando el buen vivir de hombres y mujeres, siendo éstas, las niñas y los niños los más perjudicados.
La población colombiana se ha encontrado en distintas regiones del país con problemáticas como asesinatos y desplazamiento forzado en extensas zonas con alta riqueza biológica y cultural. Muchas de estas regiones han sido objeto de deforestación por la implementación de cultivos con destino a la producción de agrocombustibles y potreros para pastoreo, deterioro de los ecosistemas y recursos básicos para la sobrevivencia de la población, proyectos de extracción intensiva de combustibles para beneficio de unos pocos, destrucción de ecosistemas frágiles para plantaciones industriales y cultivos ilícitos, inundaciones, deshielos y agotamiento de las fuentes de agua, entre otros.
Identificamos que son parte de este sistema los gobiernos, empresas y otros actores que favorecen relaciones económicas y de poder injustas. Denunciamos al gobierno colombiano actual por favorecer de manera desmedida el modelo al proponer la expansión de cultivos para agrocombustibles hasta en 3.5 millones de hectáreas, el aumento de la explotación petrolera al pasar en 2013 de 500 mil a 1 millón de barriles diarios, ampliación de la explotación de carbón en 108 mil nuevas hectáreas para aumentar la producción anual de 40 a 80 millones de toneladas y, finalmente, la construcción de 6 nuevas hidroeléctricas en los próximos 5 años para completar 37 en el país.
Las fuentes de energía, los recursos naturales y el territorio son objetivo del modelo de desarrollo actual, lo cual genera guerras, dolor y muerte, Colombia, con la militarización de la vida civil es un ejemplo de ello. El modelo que orienta este conjunto de intervenciones es insustentable económica, social, ambiental y culturalmente, y nos ha conducido a una crisis civilizatoria sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. Consideramos que ninguna medida financiera será paliativa de este fenómeno.
Las medidas presentadas como soluciones a los problemas ambientales del planeta responden a intereses particulares, que, van estimulando el modelo de depredación de la naturaleza sin resolver los problemas que supuestamente pretenden solucionar. Gobiernos como el de Colombia han encontrado en la crisis ambiental una oportunidad más para promover proyectos que benefician económicamente a unos pocos y van en contra de la sociedad y la naturaleza; ejemplo de esto son los cultivos de agrocombustibles que se implementan con violaciones al derecho a la vida, a la tierra y a la alimentación de la población; bonos de carbono que arrebatan el derecho sobre el territorio y a la cultura propia de comunidades ancestrales, entre otros.
En este contexto de conflicto y despojo, hemos concluido que:
1. La exigencia de Justicia Climática es una respuesta a la necesidad de determinar quiénes son los culpables directos y quiénes son las principales víctimas del cambio climático, pues los responsables deben transformar el estilo de vida consumista y el modelo económico que le han impuesto a la sociedad. Los países y sectores ricos han contraído una deuda climática y ecológica con los países y poblaciones más empobrecidas: ¡exigimos que esta deuda sea reconocida! Los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y afrodescendientes no han necesitado tanta energía ni tecnología para vivir; por el contrario, han desarrollado proyectos de vida sustentables, que son una acción en marcha por la justicia climática.
2. Las políticas públicas y comunitarias deben planearse y desarrollarse a partir del saber comunitario, urbano y rural, bajo los principios de la autonomía y soberanía de los pueblos sobre sus territorios y bienes naturales para la vida. Así, deben respetarse y promoverse los planes de vida y de ordenamiento territorial diseñados por las comunidades, reconociendo los derechos culturales, sociales y ambientales de los pueblos: los gobiernos locales, departamentales y nacional deben guiarse y cumplir estos mandatos, priorizando el bienestar de las poblaciones más vulnerables.
3. Deben generarse acciones de conservación y compensación por fuera de los mecanismos de mercado, reconociendo el derecho al territorio, y teniendo en cuenta las condiciones y particularidades ecológicas y comunitarias para efectos de adaptación y mitigación.
4. Instamos a los gobiernos y a la sociedad civil a promover, impulsar y apoyar de forma decidida la resistencia y transformación del actual paradigma socio-económico y su modelo de consumo, también energético, el cual ha destruido el equilibrio entre los humanos y la naturaleza.
Teniendo en cuenta estas tendencias, exigimos:
1. El respeto y la conservación de nuestro patrimonio cultural y de vida. Se debe evitar la negociación con la propiedad de la naturaleza y el accionar empresarial violatorio de derechos: ¡los intereses de las industrias no pueden estar por encima de los derechos de las comunidades!
2. Impedir legislaciones de despojo que afectan nuestra sustentabilidad; este es el caso del Código de Minas, el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, la Ley de Aguas, Los planes departamentales de agua, entre otras. Éstas deben revocarse para construir nuevas visiones que respeten nuestros derechos.
3. Los gobiernos nacional y locales deben cumplir sus obligaciones de defender los bienes y servicios de la naturaleza para la sociedad, garantizar la sustentabilidad de las comunidades y su soberanía alimentaria. ¡El agua y las demás fuentes naturales de vida no son una mercancía, son un derecho!
4. Deben reducirse las emisiones de CO2 hasta lograr un balance cero. Exigimos transformar el modelo económico de modo que se garantice realmente la sustentabilidad social y ambiental.
5. Las iniciativas de las comunidades para la protección de la vida y el territorio como son las zonas humanitarias, los refugios humanitarios, las zonas de biodiversidad, las zonas de asamblea permanente y los Planes de Vida deben respetarse y defenderse.
Así, nuestros compromisos son:
1. Impulsaremos estrategias de educación y articulación para construir alternativas de justicia frente al cambio climático, fortaleceremos el sentido de pertenencia sobre el territorio y recuperaremos la memoria histórica.
2. Buscaremos la sensibilización, visibilización y apropiación por parte de comunidades, gobiernos y actores privados de la perspectiva de la justicia climática: el cambio climático nos afecta fundamentalmente a nosotras y nosotros y no dejaremos en manos tecnócratas y empresariales nuestro destino.
3. Impulsaremos los liderazgos de las comunidades locales; utilizaremos para ello estrategias concebidas dentro de nuestras propuestas alternativas de protección de la vida y del territorio como las zonas humanitarias, los refugios humanitarios, las zonas de biodiversidad, las zonas de asamblea permanente y los Planes de Vida.
4. Nos opondremos a las falsas soluciones al cambio climático y seguiremos fortaleciendo las organizaciones y redes sociales, urbanas y rurales, rescatando la sabiduría y las prácticas ancestrales que nos permitan evitar mayores impactos del cambio climático en nuestros territorios.
5. Buscaremos la movilización e intercambio de experiencias para construir estrategias de justicia climática ya! Por ello, decidimos constituir un comité coordinador, abierto y transitorio, para impulsar, promover y facilitar estos procesos, y la integración de nuevas comunidades y organizaciones a los mismos. Provisionalmente, las organizaciones que lo integrarán son: Asprosig, Asocampo, El Común, La Comisión de Vigilancia del Páramo El Almorzadero. Apoyarán: Asociación Minga, CENSAT Agua Viva, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Red Europea de Hermandad y Solidaridad por Colombia, el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y contará con el apoyo de Christian Aid.
6. Esta declaración será llevada al Tribunal por la Justicia Climática, a realizarse en Cochabamba, Bolivia, en octubre de 2009. También la llevaremos a la Minga de resistencia social y comunitaria entre el 12 y el 16 de octubre, la cual será el primer escenario nacional de movilización por la justicia climática. El 12 de diciembre de 2009 será el segundo escenario de movilización, articulado con otros procesos internacionales.
7. Convocamos a todas las organizaciones sociales y comunidades a participar de esta iniciativa a través de la dinamización de las comunicaciones local, regional y nacional, y la participación y promoción de un segundo encuentro por la justicia climática, a realizarse en noviembre de 2009.
Organizaciones participantes: Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Asociación de Cabildo Genaro Sánchez - Pueblo Coconuco, Ludoteca El Uval, Ascatidar, Asociación Minga, Asouwa, Asocampo Antioquia, Asocampo Cauca,Cabildo Poblazón, Waya Wayuu, Agrovida, Comité de Integracion Social del Catatumbo-CISCA, Comité Pro Defensa Taganga, Cabildo de Quintana, Cabildo del Puracé, Corporación Cactus, Red Distrital de Salud de las Mujeres, Corporación para la Asesoria y Capacitación Comunitaria-COSPACC, Fundación Huellas de Arte, Funsgo, Federación Agrominera del Sur de Bolívar-FEDEAGROMISBOL, Organizaciones Sociales de Arauca, Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, Grupo Focal, Fundación Filoikos, El Común, Comisión Páramo El Almorzadero, Observatorio Local de Derechos Humanos de Usme-OLDHU, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Christian Aid, Programa Conjunto de Adaptación al Cambio Climático del Macizo Colombiano, Asodemuc, CEPA, Red ITOCO, Red Local de Mujeres de Suba, Alcaldía de Sevilla-Valle, Unión Sindical Obrera, Corporación Aury Sara, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Fuerza Común, Territorio Sur, DIAL, Lutheran World Relief, Asprosig, Observatorio de Conflictos Ambientales - Universidad de Caldas, Asociacion de Campesinos del Catatumbo-ASCAMCAT, Asprocepaz, Acadips, Comunidad Vida y Trabajo La Balsita, Resguardo Indígena Bajo Atrato, Mesa de Organizaciones de Mujeres de Soacha, CAVIDA – Cacarica, Jiguamiandó, Curvaradó CENSAT Agua Viva, Asored Alimentaria, Fundanhelo, Cabildo Paletará, Campaña Globalización, Niñez, Diversidad Cultural y Biológica, Acción Climática, Movimiento por la Defensa del Rio Sogamoso, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo., El Cabildo Mayor Indígena del Carmen del Darién del Bajo Atrato del Resguardo Urada-Jiguamiando, Mesa de Unidad Agraria, Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas.
